DENUNCIA PENAL POR ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA AL DIRECTORIO DEL BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL

 

Durante la gobernación de José Ocatvio Bordón, el Banco de Previsión Social fue utilizado para financiar a empresas y amigos del gobierno con préstamos que resultaron incobrables. Un ejemplo de ello fueron los créditos hoteleros en los cuales se invirtió mas de 18 millones de dólares.

 

Para disimular la situación falseaban los estados contables eludiendo registrar en debida forma las previsiones por incobrables. Los inspectores del Banco Central observaron esta situación e instaron la rectificación, sin embargo el directorio del Banco Central no hizo más nada.

 

Por otra parte el banco compró los equipos de computación mediante una licitación, en la que le adjudicaron fraudulentamente a Bull que había resultado perdedora. En dicha operación intervino Juan Carlos Cattáneo, armador del negociado IBM-Banco Nación. Bordón negó la relación pero la misma fue comprobada con los testimonios del personal de la Secretaría General de la Gobernación.

 

 

Dra. Iris Guarna

Iris Guarna

En vista de ello, redacté las denuncias penales que pueden verse a continuación, que fueron presentadas por Gustavo Gutiérrez.

 

Por las características de los delitos, que estaban incluidos en la ley de subversión económica, la denuncia se presentó en la Justicia Federal de Mendoza, recayendo en el juzgado de Roberto Burad, quién se lavó las manos declarándose incompetente y dando paso a la justicia provincial.

 

Después de muchas excusaciones, la causa finalmente recayó en la Jueza Iris Guarna, quién procesó a los directores del banco (Rito Irañeta, Luis Guillermo González, Santos Omar Rodríguez, Guillermo Peroni, Adolfo Tavares, Luis Rojas, Osvaldo Ortiz, Juan Sebastián Redin, Helio Muller, Omar Alfredo Muñoz, Miguel Angel Baldoni, Eliseo Maza y Hugo Maidana) por "administración fraudulenta", sin embargo la Quinta Cámara, entre cuyos integrantes estaba Arlington Roberto Uliarte Ver pedido de Jury, el 8 de agosto del 2003 declaró la prescripción de la acción penal en contra de la jurisprudencia de la Corte de Mendoza.

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Formula denuncia

Sr. Juez Federal:

 

          Gustavo Gutiérrez, Senador de la Provincia, constituyendo domicilio legal en la Sede del Bloque de Senadores del Partido Demócrata, sito en calle Sarmiento y Patricias Mendocinas, 6° Piso de esta Ciudad de Mendoza, a U.S. como mejor proceda digo:

          I -   Que es pública y notoria mi preocupación, en función de mis obligaciones como representante electo por el pueblo de Mendoza, en relación a la situación de los bancos oficiales de la provincia.

          II -  Que como la administración del Banco de Previsión Social durante la gestión iniciada con el Gobernador José Octavio Bordón no ha sido transparente, el gobierno ha retaceado permanentemente información amparándose en una aviesa interpretación del "secreto bancario" y a simple vista se han cometido graves irregularidades, resulta imprescindible la intervención de la justicia para dilucidar si los actos realizados por los responsables de la conducción del banco han sido ilícitos y han perjudicado al patrimonio provincial o si por el contrario se ha actuado en forma lícita.

          III - Que vengo a solicitar se inste la acción pública en averiguación de los delitos de: Otorgamiento de actos irregulares o indebidos (artículo 301 primer párrafo), Balance falso (artículo 300 inciso 3), Fraude en perjuicio de la administración pública (artículo 174 inciso 5), Administración fraudulenta (artículo 173 inciso 7), Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (artículo 265), Violación de los deberes de funcionario público (artículo 248), Falsedad documental (artículos 292 y 296) todos ellos del Código Penal y dada la magnitud de la institución, la gravedad de las acciones, la trascendencia social de los hechos sobre la confianza pública, la alteración del orden económico y del orden institucional si también configuran Subversión económica (artículo 6, 7, 8, 9 y siguientes de la ley 20.840) con respecto a los responsables del Banco de Previsión Social, en virtud de las razones de hecho y de derecho que paso a enunciar.

          IV - Hechos:

          En el ejercicio de mis funciones he tomado conocimiento de graves hechos que involucran al Directorio y a la Sindicatura del Banco de Previsión Social, sobre los cuales acompaño documentación probatoria y que brevemente paso a exponer:

          Con fecha 31 de Agosto de 1990 el Sr. Eugenio A. Fernández, quién era Gerente de Crédito del Banco de Previsión, elevó una nota en la cual alertaba a la superioridad sobre los riesgos empresarios que corría la institución de persistir la política crediticia que se aplicaba.

          Decía Fernández que el banco "había inmovilizado su capital propio a largo plazo y los depósitos de los clientes con préstamos de baja rentabilidad y de muy difícil recuperación". Se refería especialmente a los préstamos para hotelería, a los de reconversión frutícola y a los de valor producto. Expresaba también que "con dineros de los clientes depositados a la vista o a 7 días, no podemos dar créditos a 7 y más años".

          Continuaba el Sr. Eugenio A. Fernández explicando que al 30 de Junio de 1990 la cartera de créditos del Banco de Previsión era de u$s 58.400.000, de los cuales el 68% estaba concentrado en 20 deudores y de estos 20 clientes el 92% correspondía a créditos otorgados directamente por el Directorio. También decía que la cartera de clientes morosos ascendía a mas de u$s 8.500.000 y que la mayoría de estos créditos respondían a préstamos concedidos en forma directa por el Directorio.

          Lo grave de la advertencia del Gerente de Créditos del Banco de Previsión Social era que "la mayoría de estos créditos fueron impulsados y ordenados su otorgamiento desde la superioridad sin tener en cuenta las opiniones de la línea jerárquica".

          Poco después que presentara esa nota, el Sr. Eugenio Fernández fue removido del cargo de Gerente de Crédito por el Presidente del Banco de Previsión Ingeniero Agrónomo Rito Irañeta, hasta que finalmente terminó solicitando su retiro voluntario.

          Hace poco tiempo mis temores sobre el manejo no idóneo e ilícito del Banco de Previsión Social, por parte de sus directivos, se vieron confirmados con el informe de la auditoría parcial al 31/12/91, practicada en ejercicio de sus funciones de contralor por el Banco Central de la República Argentina, que demuestra que la administración del banco es un caos y la existencia de numerosos delitos que involucran al Directorio y al Síndico.

          Las conclusiones de la inspección del Banco Central contenidas en la Nota N° 061/5095, correspondiente al Expediente N° 100.581/92 del 1 de Julio de 1992, que le fueron notificadas al Banco de Previsión el día 6 de Julio del corriente año, y las irregularidades detectadas resultan pavorosas. De las cuales U.S. expongo las mas significativas:

          Cuando analiza la cartera de préstamos del Banco de Previsión nos dice la auditoría del Central que "no existen inventarios consolidados de deuda por cliente" y que "no se efectúan estudios pormenorizados del cumplimiento de los deudores".

          Del estudio del listado de los principales deudores surge que "se omitieron diversos deudores como ser Giol Empresa del Estado, Grupo Greco, etc.", o que "no se informa la participación de clientes en grupos económicos como por ejemplo Ugarteche Cooperativa Agroindustrial Ltda.".

          En cuanto al estado de situación de los deudores del banco dice el Banco Central que "se determinó la incorrecta exposición de diversos deudores en función de su estado de situación" y le obliga al Banco de Previsión a recalificar a sus clientes porque estaba falseada la verdadera situación de muchos de ellos.

          Dictamina la inspección del Central sobre el tipo de garantías que protege a los créditos del Banco de Previsión que "deberá corregirse la calificación otorgada a numerosas garantías constituidas por los deudores, debido a la falta de tasaciones de bienes hipotecados o prendados, a la inexistencia de documentación respaldatoria de las garantías declaradas, manifestaciones de bienes de avalistas desactualizadas, etc.", porque de esta forma también se estaba ocultando la verdadera situación patrimonial del Banco de Previsión Social.

          El examen de los legajos de créditos dice que fueron violadas numerosas disposiciones del Banco Central, a saber: "balances o manifestaciones de bienes desactualizadas, inexistencia de estudios de riesgo y sujeción a los topes máximos de apoyo crediticio, falta de antecedentes sobre tasaciones y verificación de bienes ofrecidos en garantía, etc.".

          Respecto a la graduación del crédito, la inspección del Central nos dice que "se determinaron diversos excesos a los máximos autorizados en la relación deuda/patrimonio del cliente" e intima al Banco de Previsión a abstenerse de brindar nuevas facilidades en los casos individualizados.

          Sobre los adelantos transitorios en cuenta corriente, afirma la inspección que "se observó la existencia de numerosas cuentas corrientes que mantienen saldos deudores por lapsos superiores a los 30 días, sin instrumentar los respectivos acuerdos en los que se establezcan montos y plazos" y emplaza al banco a regularizar esa situación.

          También le impone el Central al Banco de Previsión mandar a pérdidas los saldos de deudas de algunos clientes, como ser: Sucesores de Domingo Lovecchio $ 39.000, Interface Sudamericana SA $ 125.0000 y Martínez Hnos. $ 188.000, cuyas deudas no estaban respaldadas en su totalidad.

          Al analizar la cartera de créditos al 31/12/91, detallada en el Anexo I y II del informe y que toma tan solo a los 65 principales clientes del banco, la auditoría del Banco Central dice que "deberá incrementar la previsión por incobrables en $ 26.871.000, importe que debidamente actualizado con los ajustes e intereses posteriores al 31/12/91 deberá ser contabilizado al recibirse el presente memorando", emplaza el Central al Banco de Previsión Social a "extender el estudio al resto de la cartera, con intervención y opinión de la auditoría externa", también obliga al banco a constituir previsión por incobrables por la deudas de Giol EE y Grupo Greco por $ 2.078.000.

          Demuestra el informe de la inspección del Banco Central que "la política de crédito llevada a cabo por esa entidad fue calificada como inadecuada, dado que se comprometieron importantes montos con deudores de escaso patrimonio, presenta créditos morosos o incobrables de significativa incidencia y el grado de recupero genuino de la cartera por pago real es bajo", y lo emplaza a tomar las medidas conducentes para revertir esa situación.

          A continuación la auditoría del Central también observa una serie de incumplimientos al efectivo mínimo, sobre los cuales los funcionarios del banco alertaban ya en el mes de Setiembre de 1991 al Directorio que "la principal causal que provoca la deficiencia de efectivo mínimo está dada por el elevado importe de descubierto en la cuenta Fondo Unificado del Gobierno de la Provincia....", para agregar después "de lo expuesto surge que toda la deficiencia existente en la posición de efectivo mínimo está dada por el sobregiro utilizado por el gobierno en la cuenta Fondo Unificado, ya que si observamos las cuentas el sobregiro es mayor que la deficiencia técnica de la posición".

          Luego al opinar sobre el balance del Banco de Previsión Social dice la inspección del Banco Central entre otras imputaciones: "el balance presenta errores en las cuentas de moneda extranjera, ya que sus saldos no reflejan el promedio mensual de saldos diarios", sino el importe a fin de mes dividido por 31", y sigue el informe enumerando una serie de irregularidades que alteraban la exposición para disimular la verdadera situación del banco.

          En cuanto a la cartera de títulos públicos en pesos, apunta la inspección del Banco Central que "el banco no contabilizó el 78% de su cartera de títulos públicos provinciales (Tidavidem) a su valor de realización, por lo que se sobrevaluó en $ 1.068.000" y lo emplaza a ajustar la diferencia.

          Sigue la auditoría observando anomalías "en los insuficientes sistemas de información, en numerosos errores y atrasos en las registraciones contables, en la falta de seguimiento adecuado de los deudores morosos, en el otorgamiento de créditos en exceso a los acuerdos autorizados, en la inexistencia de normas de procedimiento razonables para la asistencia crediticia y gestión de cobro, etc.".

          Con respecto a las registraciones contables, los libros rubricados presentan graves irregularidades en sus anotaciones, como ser: el libro Inventario General y Balance Anual de Publicación está en blanco sin registraciones, el libro Balance Mensual - Libro Diario última registración el 30/3/90, el Libro de Actas última registración en enero de 1991.

          Observa también el Central la cartera de títulos públicos en moneda extranjera y expresa que "los títulos públicos en cartera propia (3.731.000 Bonex serie 89) se hallaban contabilizados por un total de $ 3.152.000 cuando correspondía valuarlos en $ 2.914.000 de acuerdo con su cotización" en esto también se estaba sobrevaluando y ocultando la verdadera situación del banco y el Central le impone ajustar su valor.

          Luego cuestiona el Banco Central que el Banco de Previsión Social mantenía registradas "partidas pendientes de imputación de saldos deudores y acreedores por magnitudes representativas del 44% del activo y del 50% del pasivo, respectivamente", esto significa que se oculta la verdadera situación de los deudores morosos, se los hace hacer pagos a cuenta para mantener las carteras activas y no castigar los quebrantos. Existen fuertes presunciones que el Banco de Previsión estaría registrando devengamientos de intereses inexistentes para así simular beneficios que disminuyan los quebrantos.

          Concluye el informe de la inspección del Banco Central diciendo que la inspección determinó que "el balance no refleja razonablemente la situación patrimonial de la entidad", que "los ajustes que deben practicarse a las cifras contables ya sea por incremento de las previsiones por desvalorización y por riesgo de incobrabilidad, como por la registración de los cargos adeudados a este BCRA y de otras pérdidas permiten concluir que el patrimonio de la entidad es muy inferior al declarado en sus estados contables. En consecuencia, el capital resulta insuficiente en relación con el capital mínimo exigido por la Comunicación A - 1.858 y sus modificatorias, por lo que esa entidad deberá arbitrar a la brevedad los medios conducentes al cumplimiento de la normativa vigente en la materia, destacándose que su falta de encuadramiento da lugar a la aplicación de las disposiciones de la ley 22.529".

          Esto significa que el Banco de Previsión Social ha disminuido su capital propio al mes de Diciembre de 1991 en tal magnitud y como consecuencia de una administración ruinosa y fraudulenta que obliga a la provincia - o sea a todos los mendocinos - a capitalizar el banco para enjuagar sus quebrantos.

          Termina la auditoría del Banco Central obligando al Directorio del Banco de Previsión que "el texto del presente memorando deberá ser transcripto íntegramente en el Libro de Actas de Directorio, en la primera reunión de dicho cuerpo realice....".

          El informe de la auditoría del Banco Central contiene a su vez anexos sobre la cartera de créditos del Banco de Previsión Social al 31/12/91, en los que se analiza la situación individual de los principales deudores del banco y se puntualizan las graves anormalidades que hubo en el otorgamiento de esos créditos, que por otra parte ha puesto en serio peligro la situación económica del banco.

          En efecto, solamente en las carpetas de los 65 principales deudores, todos los créditos tienen irregularidades graves, tal como lo describen los Anexos I y II del informe de auditoría del Banco Central, a los cuales me remito en mérito a la brevedad.

          Se observa en esos anexos, entre otras cosas, que la situación de casi todos los créditos ha sido calificada falsamente por parte de las autoridades del Banco de Previsión, disimulando de esta manera la verdadera situación de la cartera, evitando hacer las previsiones correspondientes y por ende falseando los datos contables en cuanto a los resultados del banco y al capital de la institución.

          Es decir que los estados contables del Banco de Previsión Social al 31 de Diciembre de 1991 son balances falsos, delito tipificado por el código penal, tema sobre el cual volveré.

          No obstante el análisis pormenorizado que U.S. efectuará de todas y cada una de las irregularidades detectadas en el otorgamiento de los créditos por la inspección del Banco Central, menciono tan sólo algunas de ellas:

          - Cooperativa Agroindustrial Ugarteche Ltda.:

             La deuda al 31/12/91 era de $ 3.379.000, el balance de la empresa al 10/90 arrojaba patrimonio neto negativo, le cerraron la cuenta corriente en febrero del 91 y al mes de julio del 92 no había aún el banco iniciado gestión de cobro. Las garantías son insuficientes, la hipoteca cubre sólo el 20% de la deuda y el Banco Central obliga al Banco de Previsión a castigar este crédito en un 100. Los directivos de esta cooperativa son parientes del Gobernador Gabrielli e inclusive su gerente general el Sr. Mario Gabrielli fue la persona que gestionó el crédito en el Banco de Previsión, por otra parte el crédito acordado fue para comprar maquinarias (concentrador de tomates) a la firma Arquímedes Rossi SA de la cual era su vicepresidente el Sr. Miguel Lo Presti quién es actualmente Subsecretario de Industria de la Provincia.

          - FADAMAR SRL:

             Debía a diciembre de 1991 $ 2.115.000 por un préstamo a sola firma impago desde diciembre de 1990, el crédito fue otorgado excediendo los topes autorizados por el BCRA, las garantías son absolutamente insuficientes. El socio gerente Ricardo Ezquerra también deudor del banco tiene la cuenta cerrada desde junio de 1991. Ha habido un vaciamiento de la empresa y el BCRA impone previsionar el 100% del crédito.

          - Ingaco SA:

            Deudor por $ 720.000, presenta capital de trabajo y rentabilidad negativa, tiene deudas vencidas e impagas desde noviembre de 1990, el Central le ordena castigar el 100% de este crédito.

          - Narciso B. Díaz SRL:

            La deuda era de $ 706.000, garantías insuficientes, el Banco Central le obliga previsionar el 100%.

          - Compañía Paso de los Andes SRL:

             Debía $ 545.000 vencidos desde marzo de 1990, no se le iniciaron acciones judiciales o extrajudiciales de cobro, como garantía sólo hay prenda sobre dos ómnibus modelos 1980 y 1981 e hipoteca sobre un terreno sin tasar.

          - Suministros Industriales Mendoza SACIA:

             Debía $ 488.000 por un crédito otorgado en exceso, tiene saldos deudores en dos cuentas corrientes por más de 600 días hasta que le fueron cerradas en diciembre del año 1991, no hay constancias de los avales de los socios ni documentación sobre su patrimonio.

          - Sucesores de E. Bertona:

             La deuda era de $ 330.000, la manifestación de bienes al 9/90 demuestra liquidez ahogada, no había tasación de los bienes ni certificados de dominio, deuda refinanciada sucesivas veces desde noviembre de 1990, la hipoteca no se halla inscripta por lo que debe desestimarse. Fue calificado por el banco en situación 1 (crédito normal) cuando correspondía estado 4 (con riesgo de insolvencia).

          - Agrocar SRL:

            Debía $ 314.000, con descubiertos en cuenta corriente por mas de 1 año, el banco contabilizó un importe menor de la deuda que el que surge de la demanda.

          - Cayetano Caruso SA:

             La deuda era de $ 297.000, los datos patrimoniales en el legajo muestran mala situación, la garantía consiste en una prenda sobre chasis sin tasaciones ni seguros con baja probabilidad de reventa. Según el informe del BCRA es objetable la política de crédito del banco, dado que otorgó el préstamo conociendo la inadecuada situación de la empresa.

          - Vértice SA:

            Debía $ 256.000, el balance muestra una situación económico-financiera desfavorable y escasos bienes registrables, presenta excesos en la graduación del crédito al momento de su otorgamiento, deuda vencida desde enero de 1991 sin que se hayan iniciado acciones de cobro.

          - Caprinos Argentinos SA:

            La deuda era de $ 232.000, el préstamo concedido para la instalación de un frigorífico preveía la constitución de garantías reales que nunca se constituyeron, la deuda surge por un descubierto en cuenta corriente por mas de 240 días. No realizó pago alguno y el Banco Central también en este caso obligó al banco a castigar el 100% del crédito.

          - Agrícola Dalmau SA:

            La deuda ascendía a $ 215.000, el balance muestra capital de trabajo y rentabilidad negativa, el aval de los socios de la firma se desestimó por falta de antecedentes de los mismos.

          - Laboratorios Arrigo SA:

            Deudor por $ 209.000, operaba a pérdida desde 1989, fue calificado por el banco como deudor normal (estado de situación 1) y recalificado por el Banco Central con riesgo de insolvencia (estado 4).

          - Borgia Carlos y Aldo:

            La deuda era de $ 239.000, vencida e impaga desde mayo de 1989, sin garantía, el aval personal no pudo ser tenido en cuenta por falta de antecedentes.

          - Upaeca SA:

            Debía $ 181.000, el balance muestra una mala situación económico financiera, con capital de trabajo y rentabilidad negativa, la deuda proviene de un descubierto en cuenta corriente que pasó a oficina jurídica en setiembre de 1990 y recién se inició la demanda en diciembre de 1991.

          Pero existen también algunas otras situaciones que U.S. también debería investigar, como ser las operaciones de:

          - Nazar y Cía. SA:

            Debía al mes de diciembre de 1991 $ 5.861.000, le fue concedida una importante quita por el banco, vendió el hotel Aconcagua y cedió al banco el saldo de los documentos hipotecarios. En el mes de marzo de 1992 compró el Hotel Sierras de Alta Gracia en la provincia de Córdoba.

          - El Trébol SA Bodegas y Viñedos:

            En una época se podían comprar títulos de la deuda externa que se adquirían en el exterior a un valor de alrededor de 20 centavos de dólar y se los podía revender al Banco Central en licitación a valores de aproximadamente 40 centavos de dólar. Por esta vía se podían cancelar deudas y para presentarse en las licitaciones debía hacerse con una entidad oficial y ofrecer una garantía. Al Banco de Previsión le ejecutaron la garantía porque El Trébol SA nunca presentó los títulos de la deuda por un valor de u$s 672.456. El Trébol SA presentaba descubiertos en cuenta corriente por más de 150 días.

          - Bodegas y Viñedos Recoaro SA:

            Debía $ 1.191.000, proveniente de refinanciaciones, presentaba saldos deudores en cuenta corriente sin acuerdo por mas de 90 días, como garantía hay prendas no inscriptas la refinanciación, el resto está avalado por el presidente del cual no obra manifestación de bienes ni documentación de acredite capacidad de pago.

          - Huemul SA:

             Debía $ 440.000, el balance muestra una situación financiera ahogada, en garantía cedió certificados de obra (por el colector Ruiz Villanueva) de O.S.M. que no paga. El banco lo califica como cliente normal (estado 1) y el Central lo obliga a recalificar con riesgo de insolvencia (estado 4).

          - Giol EEIC:

             Deuda $ 1.836.000, dados los atrasos se llegó a un arreglo en marzo de 1991, Giol cedió el crédito que tenía contra Construcciones Danillo de Pellegrín SA por la venta de La Colina. Al vencimiento el banco no intimó a Giol sino a Danillo de Pellegrín, que se negó a pagar aduciendo que no era deudora del banco y que Giol no había satisfecho las obligaciones que tenía a su cargo por la venta del establecimiento.

          - Mateo Kristich SA:

            La deuda era de $ 260.000, refinanciada en varias oportunidades incumpliendo todas ellas, en mayo de 1990 se hizo un arreglo de su deuda en descubierto y le dieron un préstamo especial adicional, no existen en el legajo constancias de la existencia de garantías reales, pese a que la resolución del Directorio N° 3.120/91 disponía su constitución, tampoco figuran antecedentes sobre los avalistas de la operación. El Central obliga al banco a castigar el 100% del crédito.

          Un capítulo especial merecen las operaciones del Banco de Previsión Social destinadas a financiar la construcción de hoteles.

          En el mes de Abril del año 1988, el Gobernador Bordón y el entonces Ministro de Economía Rodolfo Gabrielli impulsaron la construcción de nueve hoteles en la provincia, que iban a ser financiados por el Banco de Previsión, para lo cual se realizó un concurso público de proyectos.

          El Directorio del Banco dispuso que el monto máximo a financiar era de australes 2.000.000 (equivalentes a u$s 300.000) por cada uno de ellos y hasta el 70% de la inversión. El plazo era de ocho años con tres de gracia y con amortizaciones semestrales. El ajuste del capital prestado sería por el índice de precios mayoristas nivel general mas un interés del 3% anual sobre saldos y debían constituirse garantías hipotecarias.

          Quiere decir que el monto máximo de recursos propios que el Banco de Previsión Social afectaría a esta operatoria era de u$s 2.700.000 para los nueve proyectos. 

          Mas allá del grave error de política bancaria que significa prestar dinero a ocho años de plazo con ajuste por índices de precios, cuando el banco tomaba dinero a siete días y con índices de ajuste financiero, veamos U.S. las irregularidades que hubo en el otorgamiento de estos créditos.

          A pesar que el Banco de Previsión tenía funcionarios especializados en evaluación de proyectos, con muchos años de experiencia, idoneidad y transparencia, fueron dejados de lado y se creó una Comisión Evaluadora formada por funcionarios del ministerio de economía, del banco y de la dirección de turismo.

          Integraron esa comisión Luis Guillermo González (Director del Banco de Previsión), Guillermo Peroni (Director del Banco de Previsión), Carlos Navesi (Director de Turismo) y Alberto Zeballos (Director de Economía del Ministerio).

          Se presentaron veintiocho proyectos en distintos lugares de la provincia y esa comisión evaluadora aconsejó adjudicar los siguientes: un refugio en Plaza de Mulas, un hotel en Uspallata, una hostería en el Manzano Histórico, una hostería en San Carlos, un hotel en Valle Grande, un hotel en El Nihuil, el hotel Lahuen Co, un hotel en Malargüe y la terminación de otro hotel en Malargüe.

          Las bases del concurso establecían que se calificarían y se priorizarían los proyectos teniendo en cuenta: el mayor aporte del capital privado, el menor plazo de ejecución y habilitación al público, el menor plazo de amortización, los accesos a la zona y los que contemplaran mayor cantidad de servicios (comunicaciones, asistencia médica, etc.).

          Del informe de la comisión evaluadora, de fecha 19/8/88 que fue aprobado por el Directorio el 23/8/88, surge claramente que para la adjudicación de los créditos ninguna de esas pautas fueron consideradas, porque no se evaluó el plazo de retorno del capital excepto en dos casos, ni se tuvo en cuenta el aporte del capital privado excepto en tres casos y no se analizó el plazo de ejecución de la obra sino tan sólo en tres casos.

          Es decir que no se respetaron las bases del concurso público y las adjudicaciones fueron hechas a dedo sin ningún análisis técnico de evaluación de proyectos de inversión, análisis que resulta imprescindible para evaluar el riesgo crediticio. Tampoco analizó la comisión evaluadora el monto de la inversión total ni el máximo apoyo financiero que podría dar el banco.

          El grotesco fue tal que se llegó a aceptar un proyecto que proponía una tasa interna de retorno (TIR) del 33% anual (préstamo a Zambinelli-Gómez), cuando cualquier principiante en evaluación de proyectos sabe que una TIR de esa magnitud es ridícula e inalcanzable por ninguna economía del mundo.

          Examinemos cada uno de los nueve hoteles financiados por esta desastrosa operatoria del Banco de Previsión Social:

          - AMSA - Hotel "Valle Andino" en Uspallata:

            Debía a diciembre de 1991 $ 6.175.000 y el banco había contabilizado sólo $ 3.188.000. El hotel tiene una superficie cubierta de 2.061 m2., por lo que el valor de costo del metro cubierto de construcción resulta de $ 2.996. Suma que excede largamente el valor de construcción en plaza, considerando como inversión solamente la deuda, sin el aporte de capital propio.

            El desembolso de los fondos fue en febrero de 1989 y el 1er. vencimiento en agosto de 1991, fecha en la que debía estar concluida la obra.

            Luego se le hicieron ampliaciones del crédito original, el deudor no realizó pago alguno. El valor del hotel es muy inferior al monto de la deuda y se desconocen los ingresos por la actividad hotelera.

            El patrimonio del deudor al 31/12/91 resultaba negativo por $ 1.889.000 y el último balance reflejaba pérdidas, un elevado endeudamiento y una grave situación financiera.

            El Banco de Previsión había calificado este crédito con un estado de situación 1 (normal) y el Banco Central lo ha obligado a recalificar el crédito en estado 4 (con riesgo de insolvencia) y a constituir previsiones sobre el mismo.

             La empresa que construyó este hotel fue Mario Bromberg, la misma empresa que le edificó la vivienda al Vicepresidente del Banco de Previsión Luis Guillermo González.

          - Angella, Daniel - Hostería "Samay Huasi" en Tunuyán:

            La deuda era de $ 2.960.000 y el banco la tenía contabilizada por $ 1.572.000. La hostería tiene una superficie cubierta de 1.580 m2., por lo que el metro cubierto tiene un costo de $ 1.873.

            Los desembolsos comenzaron en enero de 1989, debe además otros créditos vencidos con garantía prendaria. Su cuenta corriente fue cerrada en el mes de octubre de 1991 por presentar descubiertos sin acuerdo por más de un año.

             Se trata de un particular sin antecedentes en la actividad hotelera, su manifestación de bienes mostraba una pésima situación económico financiera. El monto de la deuda supera holgadamente el valor de realización del hotel y su patrimonio actualizado al 12/91 según la inspección del Banco Central era de $ 971.000.

          - Constructar SA - Hotel "Valle Grande" en San Rafael:

            La deuda al 12/91 era de $ 5.792.000 y el banco la tenía contabilizada solamente por $ 3.350.000. El hotel tiene una superficie cubierta de 1.811 m2., el valor de costo del m2. cubierto es de $ 3.198.

            La sociedad fue inscripta en mayo de 1988 y fue constituida al momento de recibir el crédito. Los directivos de la sociedad no registraban antecedentes en la actividad hotelera y sus manifestaciones de bienes no están respaldadas por certificados de dominio u otra documentación. Sólo hay un balance de inicio con patrimonio mínimo y también se desconocen los ingresos derivados de la actividad.

            La única garantía es la hipoteca y durante el año 1991 la empresa registró descubiertos en su cuenta corriente por mas de 9 meses, habiéndose procedido a su cierre recién en el mes de octubre de 1991.

            El Banco de Previsión tenía calificado este crédito como normal (estado 1) y el Central le impuso recalificar con riesgo de insolvencia (estado 4) y constituir previsiones.

         - SMATA - Hotel "El Nihuil" en San Rafael:

            La deuda al 12/91 era de $ 2.550.000. El último balance de la entidad tiene rentabilidad negativa. El hotel no ha sido terminado aunque el plazo de obra había sido estimado en 12 meses.

            El Banco de Previsión tenía calificado este crédito como normal y el Central le impone ajustarlo a riesgo de insolvencia y castigar el crédito.

         - Sucesores de Víctor García - Hotel "Lahuen Co II" en Malargüe:

           La deuda era de $ 4.471.000 y el banco la había contabilizado por $ 3.913.000. El hotel tiene una superficie cubierta de 2.950 m2. por lo que el valor de costo de la construcción es de $ 1.515 el metro cubierto.

           En el mes de abril de 1991 le cerraron la cuenta corriente, tiene también otro crédito para la finalización de otro hotel vencido en mayo del 90 con una garantía hipotecaria que no está inscripta y otro préstamo en moneda extranjera impago.

           El banco lo había calificado en estado 2 (deudores con arreglo) y el Central le obliga a recalificarlo como de estado 4 (con riesgo de insolvencia).

         - Zambinelli y Gómez - Hotel "Pehuen" en Malargüe:

           Debía $ 1.208.000 y el banco tenía contabilizado solamente $ 426.000. El hotel (que es de una estrella) tiene una superficie cubierta de 406 m2., por lo que el valor de costo del metro cubierto arroja $ 2.975.

           Se trata de una sociedad de hecho sin patrimonio, los socios eran empleados de Y.P.F., el banco les cerró la cuenta corriente en febrero de 1991.

           También en este caso el Banco de Previsión tenía a estos cliente en situación normal (estado 1) y deben ser recalificados a estado 4 (con riesgo de insolvencia).

         - Coppo, Correas y Llano - Hotel "Portal del Valle" en Malargüe:

           La deuda era de $ 3.075.000 y el banco la contabilizaba por $ 1.974.000. El valor del hotel se estima en la mitad de la deuda. El hotel tiene una superficie cubierta de 1.580 m2., por lo que el precio de costo del metro cubierto es de $ 1.946.

           Se trata de una sociedad de hecho sin personal en relación de dependencia y sin antecedentes en la actividad hotelera. No existen datos sobre la situación patrimonial de los socios (última manifestación de bienes a setiembre de 1988). No está constituida la hipoteca final sobre el hotel.

         - Emprendimientos Turísticos SA - Hotel "Plaza de Mulas" en el Aconcagua:

           La deuda a diciembre del año 1991 era de $ 5.545.000 y el banco la contabilizaba sólo por $ 3.571.000. El hotel no está terminado pese a que el plazo de terminación era de 7 meses y que se le realizaron desembolsos de fondos por porcentajes mayores al grado de avance de la obra.

           No se cuentan con antecedentes sobre los directores de la empresa, que tampoco tienen referencias en la actividad hotelera. El balance del deudor refleja como única actividad la construcción del hotel. El valor de la deuda supera largamente el valor de la construcción.

           La propiedad del terreno es del gobierno de la provincia, por lo que se concedió en comodato por 50 años para la explotación del hotel. No hay ningún tipo de garantías sobre la deuda.

           El Banco de Previsión tenía calificado este crédito como normal y también en este caso el Banco Central le impuso recalificarlo con riesgo de insolvencia y previsionar el 100%.

         - Uvexport SA - Hostería "La Posta de San Carlos" en Eugenio Bustos:

           La deuda al 12/91 era de $ 2.891.000 y el banco la contabilizaba por $ 1.990.000. La hostería tiene una superficie cubierta de 1.665 m2., por lo que el valor de costo del m2. cubierto es de $ 1.736.

           El deudor se presentó en concurso de acreedores en 1991, no se constituyó la hipoteca final por los que los últimos desembolsos están sin garantías.

           El caso de Uvexport ha tenido otras derivaciones que U.S. debería investigar. En efecto, en el mes de julio de 1991 el Directorio solicita informes al gerente general del banco sobre los motivos por los cuales no se hipotecó el último tramo del préstamo.

           Una vez hechos los descargos internos la Escribana Maza de Peroni y a quién U.S. solicito sea citada como testigo, aclaró la situación por escrito y allí dice entre otras cosas: "que el Licenciado González (vicepresidente del banco) le informó que Uvexport no firmaría la hipoteca porque no estaban de acuerdo con la actualización de la deuda y que tenían que volver a hablar de ello en el Directorio".

           La Escribana Maza después de haber ingresado certificados al registro de la propiedad y de haber pedido habilitación de feria para ese efecto y también de muchas gestiones ante el Contador Di Raimondo para que el banco le diera la liquidación de la deuda y así poder confeccionar la escritura, este le manifestó "que el Lic. González había hablado en el Directorio pero que no tenía instrucción alguna".

           No obstante ello, la Escribana del banco en forma diligente, intentó comunicarse con el Lic. González periódicamente, siendo siempre su respuesta que trataban de solucionar el problema en el Directorio.

           En definitiva U.S., pasaron mas de siete meses desde que la Escribana del banco recibió la instrucción de escriturar la hipoteca y el banco no le dió la liquidación de donde surge el monto de la garantía, dato este imprescindible para confeccionarla. En su nota de descargo la Escribana Maza de Peroni también decía que tenía los mismos inconvenientes con la hipoteca de Constructar SA.

           Llegada la nota de la Escribana al Directorio, el vicepresidente Luis Guillermo González, que también integraba la comisión de adjudicación de los hoteles, manifestó que "rechaza el citado informe por improcedente y malicioso hacia su persona, mediante el cual se lo quiere implicar en la responsabilidad de no constituir las garantías en determinados créditos ...", haciéndolo constar en el acta del Directorio de fecha 17/7/91.

          Hasta aquí señor Juez he descripto las principales irregularidades ilícitos, detectados por la inspección del Banco Central, en el otorgamiento de los créditos del Banco de Previsión para la construcción de hoteles.

          No obstante lo ventajoso que fueron esos créditos, que se ajustaban por el índice de precios al por mayor mas un ínfimo interés del 3% anual sobre saldos, que era muy inferior a cualquier otra fórmula de ajuste financiero, el Directorio del Banco de Previsión con fecha 4/6/92 alegando supuestos perjuicios para los clientes por la hiperinflación decide convertir a dólares estas deudas en forma retroactiva al 1/4/91 con mas un interés del 7% anual, o sea con la certeza que el dólar no había aumentado en ese período, lo que significó una quita sobre las deudas del 40%. Con el agravante que esta refinanciación se hizo tal como lo dice la inspección del Central sin conocer los ingresos derivados de la explotación para evaluar la capacidad de pago de los deudores.

          El Banco de Previsión Social debe ser el único banco en el mundo que aplica su tasa de interés hacia el pasado. Todo banco toma a futuro y presta a futuro, esa es la esencia de la actividad bancaria. Esta graciosa quita del Directorio (de aproximadamente el 40% del valor de las deudas) en favor de estos nueve privilegiados clientes del Banco de Previsión, nos han costado a la comunidad mendocina mas de diez millones de dólares, además de las graves consecuencias patrimoniales para el banco que paso a exponer:

          - Para esta operatoria el Banco de Previsión debió afectar recursos propios por u$s 2.700.000 y terminó prestando al 31/12/91 por u$s 33.667.000 (al cambio de $ 1 por dólar).

          - La deuda total a esa fecha de estos deudores al 31/12/91 era de $ 33.667.000 según informa el Banco Central y como surge de los contratos firmados por los clientes. El Banco de Previsión Social tenía contabilizados esos créditos, que son absolutamente incobrables, en la suma

de $ 22.959.000. Al estar subvaluadas las deudas en el balance, el capital del banco es muy inferior al declarado, con graves consecuencias para los accionistas por las distribuciones de acciones representativas del capital ya efectuadas.

          - Al 31 de Diciembre de 1991 el patrimonio neto del Banco de Previsión Social (compuesto por capital + reservas + resultados) era de $ 43.529.800, la inmovilización de los recursos propios en los préstamos hoteleros es de $ 33.667.000, o sea que el 77,34% de la responsabilidad patrimonial del banco está comprometida en estos créditos que tienen un alto riesgo de insolvencia.

          - El otorgamiento de estos préstamos supera largamente los límites máximos de fraccionamiento de riesgo crediticio que fijan las disposiciones del Banco Central.

          - No hubo evaluación seria de los proyectos de inversión presentados. Ni aún con ocupación plena los 365 días del año - situación imposible en los lugares turísticos de Mendoza - ni cobrando cada cama al precio de un hotel de cinco estrellas internacional es factible cubrir siquiera una parte mínima de la suma prestada.

          - Se ignora cual ha sido el capital propio invertido por los particulares (la operatoria exigía como mínimo un 30%), pero se estima que ha sido nula. Sin tomar en consideración la inversión propia, los valores de construcción del metro cubierto que surgen de dividir la suma prestada actualizada al 31/12/91 por la superficie cubierta, triplican en el mejor de los casos los valores de plaza.

          Pero estas no son las únicas irregularidades que hay en el Banco de Previsión, de las que son responsables tanto el Directorio como la Sindicatura del banco, puedo también mencionarle a U.S. otros casos que solicito sean investigados:

          - Contratación con XNET:

            El Banco de Previsión Social compró el 48% de las acciones de XNET CUYO SA, empresa cuyo objeto es la explotación de cajeros automáticos y en la cual participan también con el 52% Compañía Cuyana de Cómputos SA y Linex SA.

            Con fecha 3/5/91 se había firmado entre la empresa XNET SA (constituida en Capital Federal) y XNET CUYO SA (en formación), representada por el Sr. Alejandro Rafael Amoretti y por el Sr. Alejandro Julio Silva Garretón, un contrato de adhesión por el cual la segunda sociedad representaría a la firma XNET SA.

            En la misma fecha (3/5/91) entre la Compañía Cuyana de Cómputos SA y Linex SA (cuyo domicilio en Capital Federal es el mismo de XNET SA) convienen en constituir una sociedad anónima cuya denominación será XNET CUYO SA, con un capital de $ 10.000 de los cuales aportan $ 5.000 cada uno.

            La opción que tenía entonces el Banco de Previsión era montar una red propia de cajeros automáticos o bien adherir a una existente, para este último caso existen en el país numerosas redes como ser Link, Multibanco, Carta Franca, etc..

            La opinión técnica de la gerencia financiera comercial del banco era que dado los costos presentados por las empresas, el Banco de Previsión montara su propia red y en el caso que se adhiriera a una existente se volcaba por la red de la empresa Link SA entre otras cosas porque esta empresa cobraba cada transacción u$s 0,25 frente a los u$s 0,60 que cobraba XNET SA en perjuicio de los clientes.

            No obstante ello, en el caso de optarse por contratar con una red existente también recomendaba en igual sentido que el Asesor Letrado del banco Dr. Alberto L. Elaskar cuyo dictamen de fecha 14/5/91 decía "que para el caso de que los servicios a contratar pudieran ser prestados por mas de una empresa debe efectuarse la correspondiente licitación pública o privada".

            Ahora bien, el 15/11/91 el Banco de Previsión Social, representado por el Lic. Luis Guillermo González (vicepresidente del banco), compra el 48% de las acciones de XNET CUYO SA en la suma de u$s 552.000.

            A seis meses de constituida XNET CUYO SA el 48% de las acciones, que equivalían a cuatro mil ochocientos dólares, el Banco de Previsión las compró en quinientos cincuenta mil dólares. Qué hizo esta empresa para haberse valorizado de tal forma?, máxime teniendo en cuenta que para la operatoria de cajeros automáticos el Banco de Previsión aporta sus sucursales, sus clientes y su infraestructura.

            El 15/1/92 el Directorio del Banco de Previsión Social trata la incorporación a XNET CUYO SA y en los considerandos de la resolución se afirma: "que el régimen de erogaciones del banco vigente a ese momento admitía contratación directa o sin licitación pública para casos como este, contemplados en la ley N° 3.799 art. 29 inc. 9 ... conforme al dictamen emitido por el Dr. J. Luque ... sin que exista objeción alguna ..." y procede a aprobar el convenio.

            Lo aseverado por el Directorio es falso, porque a la fecha de la reunión no sólo no existía el dictamen del Dr. Jorge Raúl Luque, sino que este se expidió después, con fecha 17/1/92 y en sentido negativo, al igual que lo había hecho el Dr. Alberto Elaskar.

            El dictamen del Dr. Jorge Raúl Luque, asesor letrado del banco, en primer término se expidió rechazando la posibilidad de la contratación directa y en segundo término, lo que es mas grave aún, sostenía en cuanto a la posibilidad de participar accionariamente en la empresa XNET CUYO SA que "debe acudirse a la ley nacional N° 21.526 de entidades financieras, ... que el art. 28° inc. a) de la misma prohibe a las entidades financieras explotar por cuenta propia empresas comerciales... o de otra clase".

            No obstante lo informado por el letrado del Banco de Previsión, el Directorio siguió adelante y con fecha 14/2/92 autorizó la compra de las acciones de XNET CUYO SA, luego el 14/2/92 por resolución de Directorio se designó como Directores en representación del banco a: Rito Luis Irañeta, Luis Guillermo González y Antonio Víctor Moyano, como síndico fue propuesto el Cont. Francisco José Barbazza.

          - Operaciones con el Banco de la Provincia del Chaco:

            En el segundo semestre del corriente año, el Banco de Previsión realizó dos "operaciones de pase" con el Banco de la Provincia del Chaco, entidad actualmente en liquidación por disposición del Banco Central.

            Una operación de pase es una operación a futuro por la cual una entidad le vende a otra títulos públicos con una cláusula de recompra a una fecha preestablecida y a un precio también predeterminado. Este tipo de transacciones está regulado por la Comunicación A-990 del Banco Central, que dispone entre otras cosas la instrumentación de estas operaciones a través de una fórmula denominada "Contrato de operación de pase de títulos valores".

            Estas operaciones se concretaron de la siguiente forma: el Banco de Previsión Social le alquiló títulos públicos (Bonex) a las firmas Lecorp Agente de Mercado Abierto SA y Mildesa Cía. Financiera, con esos títulos el Banco de Previsión solicitó apoyo financiero al Banco Central con garantía de los Bonex, el dinero recibido del Central le fue prestado en operación de pase al Banco de la Provincia del Chaco, entidad luego liquidada por disposición del Banco Central.

            Las operaciones concretadas fueron dos: una por $ 1.057.000 y otra por $ 2.000.000 aproximadamente, que significa un quebranto para el Banco de Previsión de alrededor de $ 3.057.000.

            En estas operaciones no se suscribió la documentación correspondiente, razón por la cual el Banco de Previsión Social carece de título suficiente para presentarse en la liquidación del Banco del Chaco.

          - Contratación con La Buenos Aires Compañía Argentina de Seguros SA:

            El Directorio del Banco de Previsión hizo un contrato de mandato con la empresa La Buenos Aires Compañía Argentina de Seguros SA con fecha 1/4/91 luego ratificado por Resolución de Directorio N° 958 (Acta N° 3094 del 10/4/91).

            Como consecuencia de esa contratación los clientes del banco ya sean de cuentas corrientes, de caja de ahorro y de tarjetas de crédito fueron asegurados en el riesgo vida en forma "cuasi forzosa" con dicha compañía. El Banco de Previsión se obligó a cobrar los seguros para la aseguradora debitándole mensualmente el cargo en las cuentas de los clientes.

            Ahora bien, para operar bajo esta forma de "productor de seguros" la Superintendencia de Seguros de la Nación impone inscribirse en un registro especial creado por la ley 22.400 y esa actividad sólo puede ser desarrollada por personas físicas o por sociedades constituidas por productores inscriptos. Esta contratación viola las disposiciones sobre seguros e inclusive las disposiciones de la propia ley de entidades financieras.

            Ante esta situación el Banco de Previsión a posterioridad suscribió el 17/12/91 un nuevo contrato con la empresa para actuar como "agente institorio" de la Buenos Aires Compañía Argentina de Seguros SA conforme a la Resolución del Directorio N° 229 (Acta N° 3124 del 5/11/91) complementaria de las Actas N° 2908 del 6/12/88 y N° 2943 del 26/4/89, por las cuales amplió la gama de operaciones y empezó a vender masivamente seguros del ramo "automotores" y del "hogar".

            La figura del agente institorio significa que la aseguradora faculta a otro para celebrar contratos, emitir pólizas, pactar modificaciones o prórrogas, recibir notificaciones, formular declaraciones de rescisión, etc. O sea que prácticamente el agente institorio suplanta y hace los mismos actos que la compañía de seguros.

            El acuerdo del 1/4/91 sólo facultaba al Banco de Previsión para efectuar cobranzas, mientras que el contrato del 17/12/91 lo autoriza para: instrumentar la venta de seguros, aceptar ofertas, recibir denuncias en nombre de la aseguradora.

            Sucede que el nuevo contrato es restringido y de ninguna manera es el de un agente institorio, sino que se está simulando una gestión de productor bajo la carátula de agente institorio, lo que implica un ejercicio anormal de la actividad del Banco de Previsión en los términos de las leyes N° 17.418, 20.091 y 22.400 y una violación a las disposiciones de la ley N° 21.526 de entidades financieras.

            Esta venta de seguros que realiza el Banco de Previsión puede ser encuadrada en los términos de la ley 20.091 art. 61 que dispone que la celebración de contratos al margen de la ley serán nulos con consecuencias para los responsables y para la entidad.

            Por otra parte a la fecha de realización del contrato con La Buenos Aires Compañía Argentina de Seguros SA, el Banco de Previsión estaba sujeto a las disposiciones de la ley de contabilidad (N° 3.799) y esta contratación debió haberse hecho por licitación pública.

          - Contratación de equipos de computación:

            El Banco de Previsión tenía un contrato de arrendamiento para los equipos de computación central con la empresa Bull Argentina SA, que vencía el 31/1/89. En virtud de eso el centro de cómputos del banco elevó una propuesta integral de sistematización y en el mes de Febrero de 1988 el Directorio aprobó la propuesta y autorizó el llamado a licitación para el día 27/9/88.

            En dicha licitación se solicitaba el alquiler de hardware (el equipamiento) y el desarrollo del software (los sistemas y programas) que quedarían de propiedad del banco.

            Para la evaluación de las propuestas se constituyó una comisión de adjudicación integrada por: el gerente general, los subgerentes generales, los gerentes de administración, financiera y de contabilidad general, el jefe del centro de cómputos, tres directores y un asesor letrado.

            Se presentaron a la licitación pública que se efectuó seis empresas oferentes: Unisys Sudamericana SA, IMPSA, NCR Argentina SA, Sonda Computación SA, Bull Argentina SA y Proceda SA.

            Posteriormente, con fecha 3/1/89 la comisión de adjudicación se expidió, dictaminando técnicamente y aconsejando en primer término sobre la calidad de los sistemas aplicativos presentados (software) en el siguiente orden de mérito: 1) Sonda, 2) Proceda, 3) NCR, 4) Unisys, 5) Bull y 6) IMPSA.

            En segundo término al hacer el análisis de las ofertas por los precios la comisión de adjudicación aconsejó en este orden de prelación:

 

        Empresas

      Canon

     Mensual

    Gastos por

     única vez

        Total

     Mensual

 NCR Argentina

 Bull Argentina

 Proceda

 IMPSA

 Sonda Computación

 Unisys

    96.731,61

   116.498,10

   151.890,33

   177.583,73

   186.449,39

   197.256,05

     22.545,65

     30.558,25

     44.852,70

     29.045,97

     22.105,08

     53.093,70

   119.277,26

   147.056,35

   196.743,03

   206.584,70

   208.554,47

   250.349,75

 

            En esta comparación - cuyas cifras están expresadas en dólares e incluyen el IVA - la propuesta mas barata era la de la empresa NCR por un importe total de u$s 5.725.308, mientras que la firma Bull - luego adjudicataria - cotizó por u$s 7.058.704.

            El mismo día que recibió el informe de la comisión de adjudicación, o sea el 3 de Enero de 1989, el Directorio decidió declarar fracasada la licitación por resultar muy elevadas las ofertas y a continuación invitó a las empresas oferentes a cotizar nuevamente fijando fecha hasta el 11/1/89.

            El día 31 de Enero de 1989, que era el día que vencía el contrato con la empresa Bull Argentina SA, el Directorio resuelve renegociar el contrato en forma directa con esa empresa sobre la base de la oferta presentada en la licitación por la Bull y designa representante para negociar el contrato al Director Luis Guillermo González.

            A posterioridad con fecha 23/2/89, una vez que dejaron vencer el plazo del contrato, el Directorio resolvió contratar el alquiler de los equipos y sus sistemas en forma directa con la firma Bull Argentina SA por la suma de u$s 87.787,25 mas impuestos, lo que arroja una erogación mensual de u$s 103.588,95 y gastos por única vez (de instalación) por u$s 1.090.000 mas impuestos lo que significa un total de u$s 1.286.000 por ese concepto.

            Luego con fecha 2/8/89, según consta en el Acta de Directorio N° 2969, ante los problemas que tuvo el banco con los sistemas y programas provistos por la empresa Bull, resuelve arrendar el equipamiento solamente en u$s 58.950 mas impuestos, lo que significa suma una erogación de u$s 69.561 mensuales, mas los gastos por única vez por u$s 947.826,08 con impuestos, que suma una erogación de u$s 1.118.434.

            En conclusión, con el argumento que era muy elevada se dejó de lado la oferta de NCR, que era la mas conveniente económicamente con una erogación mensual total de u$s 96.731 y gastos por única vez por u$s 1.406.796, siendo por otra parte los sistemas y programas altamente satisfactorios según el informe de la comisión técnica de adjudicación y que los sistemas y programas quedaban de propiedad del banco.

            Frente a eso se contrató directamente con la Bull por un precio superior: u$s 103.588 mensuales totales, siendo por otra parte que los sistemas y programas que ofrecía esta empresa eran de los peores, según el informe técnico de la comisión de adjudicación estaba en el 5° lugar sobre seis oferentes.

            Finalmente, ante lo desastroso que resultó el software provisto por la Bull, en el mes de Agosto de 1989 se renegoció también en forma directa el contrato eliminando los sistemas y programas, por la suma de u$s 69.561 mensuales totales. Con mas gastos por única vez, o sea de instalación, de u$s 1.118.434.

         - Contrato con "Susana Beer & Asoc.":

            Para efectuar una encuesta de mercado para el lanzamiento de una tarjeta plástica se presentaron varias propuestas todas de firmas de Buenos Aires no conocidas y sin antecedentes, sin haberse llamado a concurso público. También se presentó la correspondiente a Susana Beer & Asoc. vinculada al INSTECO (Instituto de Economía y Organización) el cual es presidido por Bordón y dirigido por la esposa del Lic. Luis Guillermo González, actualmente Vicepresidente del Banco de Previsión.

            Asimismo se presentó la Facultad de Ciencias Económicas de la U.N.C., que tiene firmado un convenio de apoyo mutuo con el banco, con un equipo dirigido por el Lic. Néstor Ferrari, quienes efectuaron la mejor cotización, muy inferior a la de Susana Beer.

            Finalmente el contrato le fue adjudicado a Susana Beer & Asociados en aproximadamente 47.000 dólares.

            La ley N° 5.657 prescribe que las contrataciones que realice el estado sobre todo tipo de asesoría, consultoría o capacitación en cualquiera de las áreas del gobierno deberán realizarse prioritariamente con universidades nacionales y centros de investigación vinculados con asiento en Mendoza.

          - Compra del local de calle 9 de Julio 1222/42:

            Con fecha 17/11/88 el Banco de Previsión procedió a comprar el local que pertenecía al Banco Popular Argentino SA en la suma de un millón de dólares.

            En el Acta de Directorio N° 2.903 de esa fecha se fundamentaba la compra en la insuficiencia de espacio, argumento este absolutamente falso puesto que en la actualidad sobra espacio en el banco, incluso han despedido mas de 300 empleados y parte de la planta baja se la han cedido a la Dirección General de Rentas de la Provincia.

            También se sostiene en ese acta que "el precio es inferior a las tasaciones realizadas por personal técnico del banco y por una inmobiliaria de plaza", argumentos también falsos porque no hubo ninguna tasación y el precio y las condiciones de pago fueron absolutamente inconvenientes para el banco.

            La superficie del local es de 2.500 m2., lo que arrojaba un valor del metro cubierto de u$s 400, muy superior a los valores de plaza de aquella época.

            Por otra parte, esta compra también debió hacerse a través de una licitación pública en los términos de la ley de contabilidad y se hizo en forma directa.

          Como ha quedado demostrado U.S., la ruinosa administración del Banco de Previsión Social ha puesto a la institución en un estado de cuasi liquidación, situación esta que ha venido siendo disimulada por las autoridades del banco falseando información y ocultándola en la forma descripta, tal como lo detectó la investigación efectuada por la inspección del Banco Central.

          Los ajustes por previsiones y otros conceptos que el Banco Central le obliga hacer y contabilizar al Banco de Previsión Social son los siguientes: los quebrantos por créditos sin documentación por $ 352.000, los cargos adeudados al Banco Central - multas por infracciones - no contabilizados y que suman alrededor de $ 2.000.000, las previsiones por créditos con riesgo de incobrabilidad por $ 26.871.000, las previsiones por Giol EEIC y Grupo Greco por $ 2.078.000, las sobrevaluaciones de títulos públicos Tidavidem por $ 1.068.000 y Bonex por $ 238.000.

          Estos ajustes suman $ 32.671.000 al 31 de Diciembre de 1991, que es la disminución en el capital y en los resultados que tendrá que hacer y registrar el Banco de Previsión Social de conformidad a lo ordenado por el Banco Central.

          Teniendo en cuenta que el Patrimonio Neto del banco al 31 de Diciembre de 1991 era de $ 43.529.800, la disminución del capital que deberá hacer el Banco de Previsión a esa fecha es del orden del 75% de su patrimonio, quedando el Banco de Previsión por debajo de los capitales mínimos requeridos por el Banco Central para operar.

          Seguramente ahora querrán invocar que capitalizar al Banco de Previsión Social es para fortalecerlo, sin embargo la realidad es que la capitalización del banco es la única medida que cabe para salvarlo de la virtual quiebra a la que ha sido conducido.

          Señor Juez, las conductas de los responsables de este descalabro no pueden ni deben quedar impunes. Porque el Banco de Previsión Social fue edificado con el esfuerzo de los mendocinos y las pérdidas causadas por la irresponsable administración de los últimos años hoy obliga a que la provincia tenga que salir a salvar al banco por la vía de aportes de capital provenientes del tesoro provincial o sea del aporte de toda la comunidad.

          IV - Competencia:

                La investigación de los hechos irregulares y delictuales que aquí se denuncian resulta de competencia exclusiva de los tribunales federales por las siguientes razones:

                Por la gravedad de los hechos que han puesto en peligro de liquidación a la entidad. Tan sólo los quebrantos producidos por el manejo irresponsable e ilícito del banco y que según dictamina la inspección del Banco Central, los ajustes por pérdidas y previsiones no contabilizadas sumaban $ 32.671.000 al 31 de Diciembre de 1991, cifra que representa mas del 75% del patrimonio del banco e inclusive el capital del Banco de Previsión con esos ajustes, queda reducido por debajo de los capitales mínimos para operar como banco.

                Por la magnitud de la entidad, teniendo en cuenta que el Banco de Previsión Social es la segunda entidad financiera de la provincia, detrás del Banco de Mendoza. Y por el volumen de sus depósitos, que al mes de agosto pasado ascendían a 173 millones de pesos, situándose a esa fecha en la entidad N° 27 en el país por sus depósitos.

                Porque la actividad financiera se basa esencialmente en la confianza del público y los bancos son los depositarios del ahorro interno nacional. Esta confianza se ve afectada por el manejo irresponsable y delictivo de las entidades financieras, razón por la cual se subvierte el orden económico.

                Porque la alteración de los valores enunciados en el párrafo anterior se agrava en este caso por tratarse de una entidad bancaria oficial y por ser funcionarios públicos los responsables de los hechos denunciados, razón por la cual se subvierte del orden institucional.

                Cuando estos valores están en juego cabe la figura de la "subversión económica" legislada por los artículos 6, 7, 8 y 9 de la ley 20.840.

                Así lo ha interpretado la jurisprudencia nacional en casos similares, cito como ejemplo de ello el caso de la Cooperativa General Belgrano resuelto por la Sala Penal de la Cámara Federal de la Capital el 11/4/79 - Revista La Ley, 1979-A, página 416 - y en los mismos términos el caso del Banco de Hurlingham al decidir el mismo tribunal en diciembre de 1979 - Causa 15.152, "Chavanne, Juan C. y otros" - o también el caso de Coopereste resuelto el 12/11/79 por la Cámara Federal de Rosario - Sala B, Revista La Ley, 1980-A, página 553.

                En ese sentido también se pronuncia la doctrina nacional al analizar los alcances de la ley 20.840 - Enrique R. Aftalión "El delito de subversión económica" en Revista La Ley 1979-C, sección doctrina, página 758 y siguientes o del mismo autor "Nuevas reflexiones sobre el delito de subversión económica" en Revista La Ley, 1980-A, página 553.

                Inclusive U.S. no debe aguardar la finalización del sumario en sede administrativa para la actuación de la justicia penal, tal como lo sostienen pacíficamente los procesalistas y la jurisprudencia que "las únicas cuestiones prejudiciales o previas que suspenden o impiden el juzgamiento en sede penal son las relativas a la validez o nulidad de los matrimonios, debiendo cualquier otra ser decidida incidentalmente por el mismo juez penal" (Clariá Olmedo, Derecho Procesal Penal, T° I, página 359 - Oderigo, Derecho Procesal Penal 2a. ed. 1973, ed. De Palma página 66 - Seyahian, Daray, Rodríguez; Código de Procedimientos en materia penal comentado y anotado con jurisprudencia, T° I, página 97 - Cámara Criminal Capital Federal 2/11/48, Bemberg s/ley 12.906 publicado en Fallos de la Cámara Criminal y Correccional, T° VI, página 319).

          V - En mérito a ello U.S., adjunto para acreditar los hechos expuestos, una carpeta conteniendo 244 fojas con los antecedentes mas relevantes del caso y quedo a disposición del señor Juez para ampliar todo lo que se me requiera y esté en mis manos suministrar.

          En síntesis señor Juez, creo conveniente que se investigue:

          1) Si las cifras falsas contenidas en los balances mensuales, presentados al Banco Central de la República Argentina en los rubros capital, resultados, cartera de préstamos, deudores incobrables no declarados, pérdidas no declaradas, sobrevaluación de activos, etc., hacen pasibles a los funcionarios responsables del Banco de Previsión en los delitos incluidos en el artículo 301 primer párrafo del Código Penal (otorgamiento de actos irregulares o indebidos).

          2) Si las cifras falsas contenidas en los balances generales, trimestrales y anuales del Banco de Previsión Social hacen pasibles a los responsables de los delitos tipificados en el artículo 300 inciso 3° del Código Penal (balance falso).

          3) Si la presentación de relaciones técnicas falseadas como ser el estado de fraccionamiento del riesgo crediticio y las fórmulas sobre estado de situación de deudores y de estudio de los 50 principales deudores constituyen violaciones a las prescripciones del art. 301 del Código Penal.

          4) Si el ocultamiento de excesos en las relaciones técnicas o defectos en el efectivo mínimo constituye fraude a la administración pública, delito contemplado en el artículo 174 inciso 5° del Código Penal.

          5) Si el otorgamiento de créditos que superaron los márgenes máximos de fraccionamiento del riesgo crediticio, con falta de antecedentes y/o estudios de riesgo y de factibilidad que requieren las normas vigentes constituye administración fraudulenta en los términos del artículo 173° inciso 7 del Código Penal.

          6) Si las conductas de los funcionarios involucrados constituyen negociaciones incompatibles con la función pública (artículo 265 del Código Penal).

          7) Si las violaciones a las normativas bancarias impartidas por el Banco Central infringe el artículo 248 del Código Penal.

          8) Si las operaciones descriptas, que por su magnitud han puesto en peligro la solvencia patrimonial del Banco de Previsión Social, constituye entre otras figuras falsificación y uso reiterado de documentos privados (artículos 292 y 296).

          9) Si los hechos denunciados, por su magnitud y gravedad, como también por la importancia de la entidad financiera afectada y la alteración del orden económico e institucional producido constituye delito de subversión económica en los términos de los artículos 6, 7, 8, 9 y concordantes de la ley 20.840.

          Por lo expuesto a U.S. solicito me tenga por presentado y por constituido domicilio legal, efectuando la denuncia de los hechos expuestos en esta presentación con la finalidad que se otorgue el trámite de ley.

          Saludo al Sr. Juez muy atentamente


Amplía Denuncia

 

Sra. Juez:

          Gustavo Gutiérrez, personería ya acreditada en los autos caratulados “Fiscal c/Irañeta, González y otros p/Fraude a la Administración Pública” y  se presenta y dice:

          Que en razón de haber tomado conocimiento de nuevos hechos confirmatorios de los ilícitos cometidos en la Adjudicación de la Informatización del Banco de Previsión Social a la firma Bull Argentina SA vengo a ponerlos en conocimiento de U.S. para sus efectos. 

          Antecedentes preliminares: 

          En oportunidad de denunciar penalmente la irregular contratación directa de Bordón con IBM en el año ’91 expuse que Juan Carlos Cattáneo - la persona que intervino en las contrataciones de IBM con el Banco Nación por el proyecto Centenario, cuyas empresas (CCR y CONSAD) fueron el medio para el pago de las coimas a los funcionarios, actualmente prófugo en esa causa - fue quién preparó todas las contrataciones de informática que se realizaron en Mendoza en la época de Bordón y Gabrielli.

          Bordón respondió públicamente “no lo conozco a Cattáneo”, Abrego afirmó que “lo conoció circunstancialmente durante la campaña de Menem porque Cattáneo integraba el denominado M.E.J. (Movimiento Empresario Justicialista) pero no intervino en las contrataciones que se realizaron en Mendoza” y Gabrielli dijo “no conocerlo a Cattáneo y que no había intervenido en las contrataciones de informática en Mendoza”.

          Esas falsedades quedaron definitivamente desvirtuadas en el Expediente N° 39.812-D-89, iniciado por la Dirección de Informática para la compra directa a IBM del equipamiento para el PPR, en el cuál el Director de Informática Damián Femenías expuso: “este sistema fue solicitado, en presencia del Sr. Gobernador, por el Sr. Alejandro Chodos, el Sr. Juan Carlos Cattáneo y el Sr. Secretario General de la Gobernación, en oportunidad de la reunión realizada a tal efecto en la Gobernación a fines de diciembre de 1988”.

          No obstante esta irrefutable prueba, también presenté en los autos N° 72.254 “Fiscal c/Bordón, Vega y Abrego”, radicados en el 8° Juzgado de Instrucción, una ampliación de denuncia demostrando las relaciones que hubo entre Cattáneo, Bordón, Abrego y Gabrielli, para digitar las contrataciones de informática que se realizaron en nuestra Provincia, inclusive en las del Banco de Previsión Social.

          Desde el comienzo de la gestión de Bordón (principios del año ’88) hasta el año ’92 inclusive, Cattáneo venía todas las semanas a Mendoza donde permanecía por varios días y se alojaba en el Plaza Hotel, haciéndose cargo de sus gastos el Gobierno de la Provincia por intermedio de la Secretaría General de la Gobernación.

          Pruebas de ello podrán solicitarse al Poder Ejecutivo para que aporte la totalidad de las facturas del Plaza Hotel que se abonaron en el período 1988/1992, a la administración del Plaza Hotel para que remita al Tribunal el libro registro de pasajeros de ese período y las facturas cursadas al Gobierno, como también citando a prestar declaración testimonial al Sr. Sevilla, administrador del Plaza Hotel en esa época.

          Cattáneo era transportado, desde y hacia el Aeropuerto, en un auto de la Secretaría General de la Gobernación (Ford Fairlane) que era facilitado por Abrego.

          Prueba de esto son las testimoniales que podrán brindar los choferes afectados a la Secretaría General de la Gobernación en esa época (Sres. Sánchez, Barahona y Barrera).

          Abrego le asignó una oficina a Cattáneo - adyacente con la suya y a la de su Secretaría Privada - que además estaba contigua con el despacho del Gobernador, quién la utilizó desde principios del ’88 hasta octubre de ese año, cuando le asignaron un despacho en el 2do. piso de la Casa de Gobierno, en el área del Ministerio de Hacienda.

          En su despacho Cattáneo recibía habitualmente al Director de Informática (Femenías) y también se hacían reuniones en el despacho de la Secretaría General a las que asistían Cattáneo, Bordón, Vega, Braceli y en algunas ocasiones Gabrielli.

          Acompañando a Cattáneo también venían habitualmente Julia Oshiro (quién fuera Presidente de Consad, procesada por el Juez Bagnasco) y Marcelo Challeu (quién luego pasó a desempeñarse en IBM), alojándose en el Plaza Hotel.

          Son testigos de estas situaciones (oficina de Cattáneo contigua a las de Abrego y Bordón, y reuniones de Cattáneo con Abrego, Bordón y/o Gabrielli) Margarita Surballe, Cristina Pina, Elsa Nicholson y Elisa Costana, todas ellas empleadas en la Secretaría General de la Gobernación en esa época.

          También es necesario conocer las relaciones que hubo entre Consad SA, SIF SA, IBM y el Banco Nación:

          Como es de público conocimiento Consad SA era una de las sociedades creadas por Cattáneo para ser subcontratada por IBM y de esa forma percibir las coimas para los funcionarios en los casos: IBM-Banco Nación e IBM-DGI.

          SIF SA fue creada por Abrego con sus testaferros (José Laurentino Castro - socio y prestanombre de Abrego en varias sociedades constituidas para contratar con el Gobierno: Dealers SA, Six SA, etc. - y Daniel Martínez - empleado de Abrego en Factor SA y prestanombre en El Descanso SA) con la finalidad de adjudicarle en forma directa importantes contratos de informática (entre otros el mantenimiento del Sireco).

          Esta empresa fantasma desapareció cuando cesaron los contratos con el Gobierno Provincial y en ese momento el personal de SIF por medio de Consad pasó a desempeñarse en el Proyecto Centenario del Banco Nación, de la siguiente forma:

          - Pedro Priore en la informatización del Banco Nación en Resistencia

          - José Luis Mezzatesta en la Sucursal del Banco Nación en Lomas de Zamora

          - Sandra Prada en la sucursal del Banco Nación en Salta

          - Gustavo Marino en la sede del Banco Nación en Bs. As.

          - Tagarelli y Eschler pasaron a desempeñarse en Consad

          Estas personas cobraban sus haberes con recibos de sueldos de SIF SA, figurando en los libros de sueldos de esta firma, conforme surge de dicha documentación y de las declaraciones efectuadas ante el ANSES.

          Además el dinero para el pago de sus sueldos era proveído por la firma Mundial Cambios SA (empresa de Abrego) pudiendo demostrarse con las declaraciones testimoniales de los beneficiarios indicados, de Omar Vega, Claudio Zaveck y Cristina Pina (empleados de Mundial Cambios SA que entregaban los fondos), de Daniel Martínez, quién era la persona que recibía los fondos para los pagos, como así también de su hijo Gustavo Martínez.

          De igual modo Mundial Cambios SA proveía los pasajes aéreos a los empleados de SIF que estaban afectados al Proyecto Centenario, pudiendo corroborarse con las declaraciones testimoniales de dichos empleados y de Cristina Pina, Elisa Costana y Graciela Donoso (empleadas de Mundial Cambios).

          En razón de las denuncias penales presentadas por el ex Diputado Pedro Montenegro a fines del ’94, donde demostró el conjunto de empresas - propias y a nombre de terceros - que conformaban el “Grupo Abrego”, los Abrego hicieron una transferencia simulada de las acciones de Castro y de Martínez a Consad, mediante un acta en los libros de SIF que fecharon en el año ’93, que pudo ser realizada con fecha antidatada porque los libros de SIF se encontraban sin llenar.

          Después, cuando se conoció la intervención de Consad en el escándalo IBM - Banco Nación, dejaron sin efecto la cesión, circunstancia que podrá verificarse en los libros de actas de SIF y con la declaración testimonial de Nidia Fernández, empleada del estudio Abrego. 

          Ilícitos en la adjudicación a Bull: 

          Recordemos que para la implementación del “Sistema Integral de Sistematización del Banco de Previsión Social” el Directorio convocó a una licitación pública para el 27.9.88 y constituyó una “Comisión de Adjudicación” para evaluar las propuestas que estaba presidida por Luis Guillermo González - involucrado en la mayoría de los casos de corrupción denunciados en el banco - e integrada además por otros dos Directores, por el Jefe del Centro de Cómputos Luis Morici y un asesor letrado.

          En la licitación se presentaron seis oferentes: Unisys Sudamericana SA, IMPSA, NCR Argentina SA, Sonda Computación SA, Bull Argentina SA y Proceda SA.

          La Comisión de Adjudicación se expidió el 3.1.89, primero dictaminando técnicamente sobre los oferentes y la calidad de los sistemas aplicativos presentados, estableciendo el siguiente orden de mérito:

 

Sonda Computación SA

2°

Proceda SA

3°

NCR Argentina SA

4°

Unisys Sudamericana SA

5°

Bull Argentina SA

IMPSA

 

          En segundo término la Comisión de Adjudicación informó sobre las ofertas económicas (expuestas en dólares), surgiendo el siguiente orden de prelación: 

 

Empresas

Canon Mensual

Gastos por única vez

Total Mensual

NCR Argentina

Bull Argentina

Proceda

IMPSA

Sonda Computación

Unisys

96.731,61

116.498,10

151.890,33

177.583,73

186.449,39

197.256,05

22.545,65

30.558,25

44.852,70

29.045,97

22.105,08

53.093,70

119.277,26

147.056,35

196.743,03

206.584,70

208.554,47

250.349,75

 

          Conforme a lo informado por la Comisión de Adjudicación, Bull había quedado en 5° lugar, sobre 6 oferentes, en el informe técnico y en 2° lugar en la propuesta económica.

          El mismo día de recibido el informe de la Comisión de Adjudicación el Directorio decidió declarar fracasada la licitación por resultar muy elevadas las ofertas e invitó a los oferentes a cotizar nuevamente hasta el 11.1.89.

          El 31.1.89, que era el día que vencía el contrato vigente del alquiler con Bull, el Directorio resolvió renegociar el contrato en forma directa con esa empresa sobre la base de la oferta “mejorada” que presentó en la licitación y designó representante para negociar el contrato al Director Luis Guillermo González. 

          Nuevos hechos ampliatorios de mi denuncia: 

          En virtud de haber tomado conocimiento de nuevos hechos que son de importancia para la determinación de los responsables en los ilícitos denunciados, vengo a ponerlos en conocimiento de U.S. cuya síntesis es la siguiente:

          Dado las propuestas de “mejoras de precios” que presentaron los oferentes, el Jefe del Centro de Cómputos del banco Luis Morici, elevó un informe señalando que Bull en su supuesta “mejora de oferta” había cambiado el equipamiento pedido en la licitación por otro de menores prestaciones, por cuya razón no podía ser comparado con las otras ofertas, constituyendo en realidad una desmejora en los precios.

          En virtud de ese informe Morici fue citado a una reunión a la que asistieron: el Secretario General de la Gobernación Luis Abrego, el Sr. Juan Carlos Cattáneo a quién se lo habían presentado como “el asesor de Bordón en materia informática” y el Director del banco Luis Guillermo González, quienes después de un intercambio de opiniones le solicitaron que “modificara su informe en la parte que decía que el equipamiento no era el mismo”, a lo cuál Morici se negó terminantemente, y le respondieron que “tenían otra persona que les haría el informe”.

          A los pocos días el Presidente Irañeta lo citó a Morici, insistiendo en que cambiara su informe, quién mantuvo su postura. Un tiempo después Morici fue despedido del banco.

          Antes de este episodio, por órdenes de Irañeta y de González, previo a su elevación al Directorio, Morici debía remitir copia de todos sus informes y propuestas a la Secretaría General de la Gobernación, al Sr. Juan Carlos Cattáneo, gestiones que eran cumplimentadas por un ordenanza del banco de apellido Molina quién le llevaba la documentación a Cattáneo.

 Conforme a las pruebas obrantes en estos autos y a las que deberán producirse con motivo de esta ampliación de denuncia, queda demostrado de qué manera fue digitada la adjudicación de los sistemas informáticos del Banco de Previsión Social, que significó un grave perjuicio para la entidad porque desestimaron la oferta de NCR que era la más económica, siendo sus equipos y sistemas altamente satisfactorios según había informado la Comisión de Adjudicación, además que los sistemas quedaban de propiedad del banco, para adjudicarle a Bull que entregó equipos de menor prestación y sistemas que funcionaron desastrosamente, según informaron los propios inspectores del Banco Central al relevar la organización del banco.

           Por lo expuesto a U.S. solicito se llame a prestar declaración testimonial al Sr. Luis Morici y demás personas que tengan conocimiento de los hechos expuestos.

Gustavo Gutiérrez

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