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23 MENDOZA


 

 

DENUNCIA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

 

LAS CARCELES

DE LA VERGÜENZA

 

 


por Luis Balaguer


 

El sistema penitenciario de Mendoza está compuesto por cuatro unidades carcelarias: la penitenciaría provincial, que fue inaugurada en 1905; la colonia penal de Gustavo André en Lavalle; la unidad de mujeres en El Borbollón y la cárcel de encausados de San Rafael. El mismo está colapsado. En la cárcel de Boulogne Sur Mer y su anexo San Felipe están alojados unos 2.200 presidiarios, cuando su capacidad máxima es de 700. Allí conviven menores con adultos, procesados con penados, lo cual atenta contra la resocialización. El Estado gasta $ 45 por día en cada preso, pero estos no reciben ni la mínima parte de esos recursos, que nadie sabe en dónde se pierden.

 

Los organismos de derechos humanos que inspeccionaron la penitenciaría constataron que, en celdas de 2,60 x 1,80 mts., conviven amontonados cuatro o cinco reclusos que duermen en el suelo, muchos de ellos sin colchones ni frazadas. Allí defecan en bolsas de plástico y orinan en botellas. No tienen baños ni duchas. Los internos con colostomía hacen sus necesidades en bolsas comunes de nylon. Los pasillos están inundados con aguas servidas y pululan las ratas. Los penitenciarios producen requisas encapuchados y con perros que lesionan a los internos. Los médicos no ingresan a los pabellones. Para ir a la enfermería los presidiarios se cortajean. Los presos son mantenidos encerrados en sus celdas hasta veinte horas por día, como si fueran animales. Viven en un ambiente de extrema violencia y son sometidos a todo tipo de vejámenes, con la complicidad de las autoridades del penal y muchas veces de la propia justicia del crimen.

 


EN CELDAS DE 2,60 POR 1,80 METROS CONVIVEN AMONTONADOS CUATRO O CINCO RECLUSOS QUE DUERMEN EN EL SUELO.

 

En vista de la situación, en enero del 2000 los abogados Diego Lavado, Pablo Salinas, Alfredo Guevara (padre), Alfredo Guevara (hijo) y Carlos Varela presentaron un hábeas corpus a favor de la población del penal que fue rechazado por la juez Alejandra Mauricio y luego aceptado parcialmente en apelación por la 3ª Cámara del Crimen, que intimó al director de la cárcel a ampliar los horarios de recreos a por lo menos 4 horas diarias y a mejorar las condiciones de hacinamiento e higiene.

 

Aquella denuncia fue premonitoria. La penitenciaría estalló con un motín en plena fiesta de la Vendimia del 2000, durante la gobernación de Roberto Iglesias. La revuelta duró dos días y concluyó con la destrucción de gran parte de la cárcel de Boulogne Sur Mer. Concluida la misma ingresó el cuerpo de Infantería de la Policía y reprimió salvajemente. Desde entonces se agravó la situación y comenzaron las represalias, inciándose una secuela del horror que produce lesionados graves a diario y lleva cobrados más de cincuenta muertos hasta la fecha.

 


LOS PENITENCIARIOS PRODUCEN REQUISAS ENCAPUCHADOS Y CON PERROS QUE LESIONAN A LOS INTERNOS.

 

En julio del 2000, ante el incumplimiento de la intimación judicial, los abogados interpusieron un nuevo hábeas corpus que fue aceptado por el juez Ariel Spektor, quién emplazó al gobierno a aumentar el personal penitenciario, a agilizar la descentralización de los reclusos y a dotar de calefacción a los pabellones. El gobernador Iglesias apeló y la 6ª Cámara dejó sin efecto el emplazamiento porque, según ellos, eran “cuestiones políticas que no les competen a la justicia”. Pero lejos de mejorar, el cuadro se fue agravando. A diario se producían enfrentamientos entre los internos y el personal de seguridad. Por ello, a fines del 2002, los accionantes con la adhesión de distintas organizaciones de derechos humanos y personalidades públicas, presentaron otro hábeas corpus correctivo ante el juez Daniel Carniello.

 

En septiembre del 2003 vino a recorrer la cárcel el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria y verificaron el hacinamiento y las malas condiciones de seguridad, sanitarias, salud, nutrición y vestimenta. La última vez que organismos internacionales habían inspeccionado una cárcel de nuestro país fue en 1979, a raíz de denuncias contra la dictadura. En febrero del 2004 Amnistía Internacional envió un fax al gobernador Cobos manifestándole preocupación por la situación de la penitenciaría, en la que 1.600 internos habían iniciado una huelga de hambre.

 

El 1 de mayo del 2004 hubo una riña entre internos de la colonia de Gustavo André. Por lesiones de arma blanca falleció un presidiario. También resultaron heridos otros seis presos y dos penitenciarios. Las autoridades aplicaron medidas disciplinarias encerrando a todos los internos y suspendiendo las visitas. En protesta un grupo de reclusos generó un incendio en dos pabellones. Encerrados y sin extinguidores los presos pidieron auxilio pero los guardiacárceles no los auxiliaron. Cuando llegaron los bomberos rescataron cerca de cuarenta internos, pero cinco fallecieron. Una semana después se inició una protesta en la penitenciaría que duró siete días por el incumplimiento de las autoridades del acuerdo de mejoras sobre su situación. A los pocos días Amnesty International visitó nuevamente la cárcel y elevó una carta al gobernador Cobos manifestando su preocupación por “el trato cruel, inhumano y degradante” que sufrían los presos. Le solicitaron conocer las medidas que iba a adoptar en vista de los cuarenta muertos registrados desde el motín vendimial en circunstancias no esclarecidas.

 


"PINTURA Y LADRILLOS NO SOLUCIONAN LOS PROBLEMAS DE LA CÁRCEL", DIJO UN INFORME OFICIAL.

 

 

MARINELLI: "VAMOS A AUDITAR"

Entrevistado por 23-Mendoza el Ministro de Gobierno, Sergio Marinelli, respondió.

 

¿Uno de los cuestionamientos del reciente fallo de la CIDH son los prolongados encierros de los presos, de hasta 20 horas por día. Esto es realmente así?

– No. En los pabellones de máxima seguridad ahora son doce las horas de encierro, por doce horas de recreo.

¿Por qué la CIDH dijo eso?

– No lo sé. Quizás sea producto de algún informe anterior.

¿También objetaron las comidas, la vestimenta y la atención médica. Que opina sobre eso?

– Vamos a hacer una auditoria externa sobre todos los gastos del penal. Desde el régimen de compras, las comidas, los tratamientos médicos, etc., porque creemos que el sistema es deficiente.

¿Los cuatrocientos penitenciarios que se incorporarán, reciben un curso de capacitación de cuánto tiempo?

– Tres meses, mas una pasantía de un mes. Cuatro meses en total.

¿Es suficiente ese tiempo, teniendo en cuenta que por ejemplo en Ghana que es un país del tercer mundo los capacitan durante dos años?

– Hay una curricula armada por especialistas, que formará a los penitenciarios para acompañar a los internos hasta que egresen.

¿Desde aquel famoso motín vendimial, han habido cerca de 50 homicidios, a qué lo atribuye?

– Yo que puedo decir, lo serio es esperar que se expida la justicia, porque si no son presunciones. Hay situaciones en las que pareciera que no había manera de hacerlo si no es con la connivencia de los mismos penitenciarios. En las últimas muertes, si bien hay un margen para la duda, pensando en cómo quedaron esas personas, que prácticamente las destrozaron, se supone que hubo una pelea previa y se hace difícil pensar que nadie los haya escuchado. De todas maneras en Mendoza hay una justicia que trabaja bien, que es seria y que es independiente, porque el gobierno no se mete.

¿Pero han pasado mas de seis años desde aquél motín y ocurridas muchas muertes, sin embargo solamente hay un penitenciario condenado, responsabilizado por las muertes en el incendio de Gustavo André, y ningún otro procesado?

– En esto hay un sistema de control, que es la Inspección de Seguridad. En estos momentos lo que hay que ver y está en revisión en la Legislatura, es si ese organismo sirve o no. Hay demasiados organismos de control. Creo que es un contrasentido.

Como la situación empeoraba, en julio del 2004 los abogados presentaron el caso a la CIDH y pidieron medidas cautelares que fueron rápidamente aceptadas, recomendando al gobierno nacional: salvaguardar la integridad física de los presos, separar los procesados de los condenados y garantizar medidas de higiene y salud. Además le impusieron presentar informes cada quince días, que no fueron cumplidos. El 22 de octubre del 2004 Amnesty International le dirigió otra carta a Cobos reiterando su preocupación por los homicidios y torturas en el penal y lo instaron a tomar medidas. Por su parte, la CIDH decidió inspeccionar la cárcel y establecer un Comité de Seguimiento, integrado por el gobierno argentino y los peticionantes para acordar medidas urgentes. Por toda respuesta, el ministro de Justicia y Seguridad, Roberto Grillo, declaró que “detrás de esas maniobras judiciales hay intereses económicos escudados bajo el paraguas de una causa humanitaria” (diario Los Andes 28-10-2004). Por su parte, el asesor del gobernador, Luis Triviño, dijo que la situación de la cárcel no era muy diferente a la de otras y que se ponía mucho empeño en defender los derechos humanos de los delincuentes, pero no los de las víctimas, además trató de “chicaneros” a los abogados accionantes (diario El Sol 5-11-2004). El vicegobernador Juan Carlos Jaliff se quejó: “la única cárcel que visitó la CIDH es la de Mendoza porque hay unos abogados que hacen negocios” y emulando a María Julia Alsogaray con la limpieza del riachuelo prometió: “en tres meses más, y esto lo ha dicho el gobernador, el problema del hacinamiento lo vamos a solucionar” (diario Los Andes 17-12-2004). A dieciocho meses de esas declaraciones nada ha cambiado.

 

En noviembre de 2004 la CIDH requirió a la Argentina la aplicación de una serie de medidas inmediatas para proteger las vidas en las cárceles de Mendoza. El 4 de diciembre de 2004 apareció descuartizado Sergio Salinas, colaborador en las investigaciones de los homicidios de varios otros internos. Fue amenazado y había pedido ser cambiado de pabellón, pero no se lo concedieron. Estaba condenado a 5 años y 10 meses de prisión por intentar robarle a un hombre con un destornillador. El asaltado era un policía y lo detuvo. Cobos removió al director de la cárcel y en su lugar nombró a Sergio Miranda. Otros seis reclusos que declararon como testigos en aquellas causas fueron derivados a la cárcel del Chaco, lejos de sus familiares y contra su voluntad. Miranda hizo declaraciones en el diario Uno y dio los nombres de los presos que habían declarado bajo identidad protegida, poniendo en peligro sus vidas y las de sus familiares.

 

En febrero del 2005 el Comité de Seguimiento, formado por representantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, de la Cancillería, del gobierno de Mendoza, de los peticionarios, de la Corte de Mendoza y la Senadora Nacional Marita Perceval, realizó una vista a la cárcel, concluyendo que no había cambios en la situación de los internos. El representante de la Cancillería declaró “con pintura y ladrillos no se solucionan los problemas de fondo de la cárcel, porque sigue en las mismas condiciones que antes”. Eduardo Duhalde, Secretario de Derechos Humanos de la Nación, reconoció que “es la cárcel que mas muertes tiene en el país”. A su vez, el representante de la ONU, Bernardo Maresca, la comparó con los campos de concentración nazis en Auschwitz. El 21 de junio del 2005 apareció el cadáver de Ricardo David Videla, sospechosamente suicidado en su celda. A los pocos días los presos de los pabellones de máxima seguridad se cosieron la boca en protesta por los encierros de hasta veintitrés horas diarias. En agosto se produjeron dos amotinamientos.

 


EDUARDO DUHALDE RECONOCIÓ QUE "ES LA CÁRCEL QUE MÁS MUERTES TIENE EN EL PAÍS".

 

En marzo de 2006, convocada por la CIDH, se realizó una audiencia pública en Brasilia para tratar la situación de las cárceles de Mendoza. Todos coincidieron en la gravedad del diagnóstico. La provincia fue representada por el Subsecretario de Justicia, Alejandro Acosta, quién intentó justificar la violencia extrema diciendo: “es necesario tomar en cuenta el contexto social en que la sociedad exige mano dura con los internos, así como mayores penas y menores posibilidades de otorgar beneficios para liberarlos”,  además le echó la culpa al gobierno nacional que “no ha brindado respuesta al gobierno provincial respecto del tema de las penitenciarías”. Finalmente el fallo de la CIDH fue condenatorio y le impuso a la Argentina la realización de una serie de medidas provisionales para proteger la vida de los internos. Dichas medidas consisten en: depurar, incrementar y capacitar al personal penitenciario, variar las formas de vigilancia (los penitenciarios no entran a los pabellones), separar los internos procesados de los condenados y los jóvenes de los adultos, prevenir el ingreso de armas, mejorar las condiciones de detención e investigar a los responsables de las muertes. Pero nada de eso se hizo. Ni siquiera han reparado los sanitarios. En cambio el juez de ejecución Eduardo Mathus se hizo construir una escalera para escapar en caso de motín.
 

Dentro de la cárcel todo se trafica. El pabellón 8 es el VIP. Ahí si hay teléfono y en algunas celdas televisor. Para el padre Roberto Juárez, capellán del penal, el enfrentamiento no es entre reclusos y penitenciarios, sino entre las bandas que manejan la corrupción y los que no entran en el juego. En dichas bandas están confundidos presos y carceleros. La impunidad es la regla. Pese a la intervención de la Comisaría 6ª en los hechos de violencia, como también de los tribunales competentes, lo cierto es que no hay penitenciarios sancionados, excepto uno por los hechos ocurridos en el incendio de la granja penal de Gustavo André.

 


LA CIDH CONVOCÓ A UNA AUDIENCIA PÚBLICA EN BRASILIA PARA TRATAR EL TEMA DE LAS CÁRCELES MENDOCINAS.

 

En nuestro sistema las cárceles fueron concebidas para recuperar para la sociedad a los condenados por delinquir, sin embargo las nuestras producen todo lo contrario. En este contexto, la habilitación de la nueva cárcel en Cacheuta descomprimirá un poco el hacinamiento de la penitenciaría, pero de ninguna manera se solucionarán los problemas de fondo sino que los mismos serán trasladados lejos de la vista de la sociedad.

 

 

CONARPESA ACLARA

Luego de que 23-Mendoza revelara las relaciones comerciales de la pesquera Conarpesa -financistas de las campañas de Kirchner- con represores de la ESMA para desarrollar una finca y bodega en San Martín, el gerente general de Bodegas y Viñedos Alvarez, Luis Vidal Costa, le dijo al diario Los Andes que "se desvincularon de WGI (Taiariol) cuando conocieron por la prensa su pasado vinculado a represores". Pero los registros de la Dirección de Personas Jurídicas de Mendoza lo contradicen. En efecto, según las constancias obrantes en el Expediente N 1011-B-04, Vìctor Taiariol sigue siendo vicepresidente de Bodegas y Viñedos Alvarez y su off shore (WGI Corp.) continúa como accionista de la misma. Pero las relaciones entre ellos son aún mas estrechas. En el expediente mencionado surge que Taiariol también es apoderado de Cleanmar Limited, la off shore con la que Conarpesa participa en la bodega. Si a ello le agregamos que Conarpesa le traspasó a Taiariol el equipo de voley de Puerto Madryn que regenteaba, no parece que hayan tomado distancia de los represores, sino todo lo contrario.

 

 

 

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